Lo cierto es que, más de aquello que el intérprete no debe olvidar y que se enuncia inmejorablemente afirmando que "la letra mata y el espíritu vivifica", la ley que es "metro que iguala el derecho" en las bellas palabras de Santos Inzaurralde, debe ser a la vez forma y sustancia, continente y contenido, letra y espíritu para poder cumplir su misión civilizadora y reglar adecuadamente las relaciones sociales. Separar los conceptos es matar a ambos.
Entre nosotros se ensayó, con malditas consecuencias, la formulación primitiva de que se podía distinguir entre libertades formales y sustanciales como si el envase no fuera condición de certeza y límite del contenido.
Cuando faltaron las denominadas "formales", ¡vaya si los que las despreciaban acudieron a su recuerdo y a su menguada fuerza para salir de las situaciones fácticas que nos envolvieron a todos!
La fortaleza del sistema de garantías radica ante todo en el derecho natural, propio de la condición humana y fruto magnífico de nuestra cultura judeo- greco-romano-cristiana que nadie nos otorga y que la Constitución nos reconoce.
Nos preocupa el paulatino, y por ello más grave, descaecimiento de las leyes que vamos sufriendo, tanto en el plano nacional como en el de las leyes internacionales.
La enumeración es larga, pero viéndola en su totalidad quizás cobremos conciencia del peligroso plano por el que nos deslizamos.
No se cumplen los laudos internacionales que acordamos al constituir el Mercosur.
Laudos unánimes, referentes tanto a cuestiones de comercio tales como limitaciones a determinadas exportaciones de nuestro país, como a las referidas a la violación del Tratado de Asunción, base de la estructura jurídica regional.
Equiparación en la negociación de situaciones de ilegitimidad desde su origen, con puntos de vista y posicionamientos legítimos.
Se nos dirá que en derecho internacional somos todos iguales pero que los poderosos son más iguales que nosotros, pero ello no subsana la ilegitimidad anotada… y consentida.
En el ámbito nacional, la anterior legislatura, a conciencia y debidamente advertida, aprobó modificaciones a la legislación electoral sin cumplir el mandato constitucional de dos tercios de mayoría especial.
No es de menor cuantía el asunto. El legislador procuró con esa alta exigencia aritmética, por un lado la necesidad de acuerdos para lograrla, y por otro, una cierta permanencia en el tiempo de ese tipo de leyes.
Aceptada esa conducta ilegal no nos azoremos de que mañana se modifique el voto secreto, garantía máxima del sufragio y del mismo rango que la norma despreciada por simple mayoría.
Lo mismo ocurrió también en el período anterior, cuando se establecieron elecciones, representación y formas de legislar alrededor del denominado Parlamento del Mercosur, que se saltearon todo un capítulo de la Carta, procediendo a reformarla por simple ley, sistema no admitido por nuestro derecho positivo.
Lo peor del caso es que los que formaron la mayoría para aprobar estas normas fueron advertidos en el mismo acto de que se estaba violando la Constitución, obstáculo que se pretendió salvar consultando a la Cámara acerca de la validez de su propia conducta…
Pero es de reciente ocurrencia el episodio más grave. En momentos en que se comentaba el proyecto de la nueva ley orgánica de la Universidad, en el Paraninfo de la misma, irrumpieron en el recinto personas que, entre otras consignas, proclamaban que el Parlamento no debía tratar ni modificar ni aprobar la mencionada ley.
Todo ello adornado, por supuesto, con menciones al pueblo, los trabajadores y demás entelequias meta-jurídicas que nos trajeron oscuras memorias de los años sesenta.
Nada ocurre porque sí, hay causalidades claras que traen consecuencias inevitables. No todos los actores políticos valoran igualmente el sistema jurídico en el que vivimos.
Para alguno de ellos no se agota en el gobierno representativo y democrático que elegimos el sostén del poder legítimo.
Todo en línea con los consabidos conceptos de fácil enunciación y difícil delimitación como el pueblo o la gente.
De ahí al que hemos denominado gobierno de balcón, con la muchedumbre asintiendo a las proclamas del líder y convirtiéndolas en norma jurídica, no hay mucha distancia.
Hasta que un día el sistema de garantías deje de funcionar, paguemos la última cuota de la entrega de las libertades y volvamos a lo que ya conocemos y no queremos.
Quienes tienen en sus manos el poder por mandato legítimo de la ciudadanía, y lo tienen con la ventaja de contar con mayorías parlamentarias, son quienes más tienen que respetar las normas.
En ese sentido fue claro el presidente Mujica en su no suficientemente recordado discurso del 1º de marzo.
Que los hechos fortalezcan esas promesas es nuestro mayor deseo y preocupación.
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Dr. Luis Alberto Lacalle
Senador y Presidente del Directorio del Partido Nacional
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